Defensores de DDHH: Existe 100% de impunidad en casos de abuso policial en protestas

La Paz, 5 de enero de 2023 (ANF).- De acuerdo a activistas de derechos humanos, no existe antecedentes de sentencia penal en contra de policías que hayan cometido abuso de autoridad en manifestaciones callejeras. Si bien hay denuncias de organizaciones de derechos humanos y hasta de la Defensoría del Pueblo, en gestiones pasadas, ningún proceso contra policías llegó a un resultado favorable debido a que la institución Verde Olivo obstaculiza la investigación y hace prevalecer la impunidad.

Los recientes casos vandálicos realizados por la policía en la ciudad de Santa Cruz con los disparos a quemarropa a manifestantes y periodistas, quema de propiedad privada, quema de motocicletas, destrozo planificado de luminarias, entre otros, así como la siembra de pruebas y actos de tortura reiterativos, muestran que no hay temor a ser sancionados.

“Históricamente no existe ningún avance o un proceso terminado sobre algún policía con grado o sin grado que haya llegado a sentencia por los actos de uso y abuso de autoridad”, dijo a ANF el activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca Apaza.

El subcomandante de la policía de Santa Cruz, coronel Edson Claure, se comprometió a iniciar las investigaciones ante la clara evidencia y gran cantidad de videos que muestran a efectivos policiales quebrantando la ley y realizando actos vandálicos. 

“Se están iniciando las acciones investigativas correspondientes, vamos a individualizar y procesar a los funcionarios que han cometido estos excesos y proceder como corresponde en el marco de la ley que regula la parte disciplinaria, y también ir a la parte penal en la consideración del hecho como tal”, dijo Claure a un medio local.

Sin embargo, el modus operandi de la policía en estos casos, y en otros donde están implicados, señaló Inca, es evitar que se identifique al responsable del hecho y que los tiempos procesales corran, en un proceso de encubrimiento del delito, hasta que la investigación, que la realiza la misma policía, se cierre sin lograr ningún avance.

“Queda en la nebulosa el hecho de identificar concretamente al que ha actuado y al único que tienes ahí para denunciar es al comandante, entonces frente a eso lo único que va a quedar es una investigación abierta con autores por identificar y sin posibilidades de ningún resultado”, apuntó.

El activista indicó que ese mismo modo de operar realiza la policía en casos mucho más graves como el de las víctimas del 11 de noviembre de 2019 de El Alto, donde ya pasaron los tres meses de investigación para identificar a los autores.

“En el caso de Senkata y Sacaba y con lo que está pasando en Santa Cruz se aplica el mismo modus operandi, de no poder identificar a los responsables, incluso pese a que el 11 de noviembre de 2019 los heridos fueron de bala y hasta muertos, y en esta situación grave la policía se cubre totalmente, el mismo comandante o los que estaban a cargo deslindan responsabilidades”, remarcó.

Marina Vargas, vicepresidenta de la Asamblea de Derechos humanos de Bolivia, señaló que los compromisos de las autoridades son vacíos, y si hubiere sanciones solo son ofensivas y una falta de respeto a la población.

“Le he escuchado al subcomandante de la policía que ha dicho que van a investigar, pero la experiencia nos dice que eso no pasa, por eso la policía anda campante y actúa bajo el argumento de que solo obedece órdenes superiores, y así sigue agrediendo, sigue reprimiendo sin considerar absolutamente nada, violando y pisoteando el derecho a la protesta”, apuntó.

Enfatizó que las sanciones que se aplican en muchos casos son leves, “son una burla al reclamo de la ciudadanía”, como suspensiones temporales o cambios de destino. Lamentó que en el país las libertades y los derechos sean solo discursivos y no objetivos.

“Y frente a eso van a seguir esos abusos policiales, esa burla a la ciudadanía, con la destrucción del bien público como ha sucedido en Santa Cruz dónde hemos visto policías quemando motocicletas, y ahí no hay sanción si no que se echa la culpa a otros ciudadanos”, dijo.

Vargas destacó que el país cuenta con una Constitución muy inclusiva que garantiza la no discriminación, pero en los hechos “se discrimina por pensar diferente, se discrimina a los periodistas, se actúa con brutalidad, sobre todo desde el 2019, una brutalidad sobredimensionada”.

Indicó que es muy preocupante lo que está sucediendo en el país, sobre todo en el último período, desde 2019, donde no solo los policías realizan agresiones físicas, violaciones a la integridad física, sino además “siembran pruebas para inculpar a inocentes, esto ya raya en un estado terrorista y eso nos preocupa profundamente”.

“En la medida de los casos el compromiso institucional está en el sentido de trabaja en identificar y procesar a estos funcionarios policiales”, insistió el coronel Claure, pero son palabras “para salir del paso”.

Las veces que ha ocurrido abuso policial nunca se llegó a identificar a los responsables por la política de encubrimiento que aplica la policía.

“Va haber una especie de encubrimiento entre los mismos camaradas, entre camaradas tampoco se van a vender, pero hay una gran diferencia en que ellos (en el caso de Santa Cruz) han hecho un operativo de contención y si alguno que otro se ha excedido y ha hecho una represión desmedida, entonces esa persona puede ser fácilmente identificable, pero no va ser así”, refirió Inca.

Dijo que el principio del debido proceso pide identificar plenamente al autor del hecho, y para eso se necesita testigos, pero “los testigos son ellos mismos y difícilmente van a acusar o denunciar a un camarada”.

Indicó que, si en algún caso se identificó a un policía, eso solo quedó en investigación, “porque el camarada (que investiga) hace todo lo posible para que pase el tiempo de investigación y quede fuera de la normativa legal, es decir, logran que esta se anule por el paso del tiempo, entonces ese es el juego en el que estamos, es el modus operandi que va a utilizar siempre la policía”.

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