¿Qué implica el Estado de Excepción en Bolivia?

La reciente aprobación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción ha puesto nuevamente en debate el alcance de esta figura constitucional en Bolivia. La medida, contemplada en la Constitución Política del Estado, permite al Gobierno adoptar acciones extraordinarias y temporales cuando existen situaciones que ponen en riesgo la seguridad del Estado, el orden público o el funcionamiento normal del país. (Oxígeno Digital)

De acuerdo con la normativa vigente, el Estado de Excepción puede ser declarado por el Presidente mediante decreto supremo en casos de amenaza externa, peligro para la seguridad del Estado, conmoción interna o desastres naturales. Además, la disposición puede aplicarse en todo el territorio nacional o únicamente en las regiones afectadas. (EL DEBER)

Entre las medidas que podrían adoptarse se encuentran restricciones temporales a la circulación de personas y vehículos en determinadas zonas y horarios, controles especiales para garantizar el abastecimiento de servicios esenciales y la participación coordinada de instituciones estatales para restablecer el orden público. (Oxígeno Digital –)

Sin embargo, la ley establece límites claros. El Estado de Excepción no puede suspender derechos fundamentales, garantías constitucionales, el debido proceso ni el acceso a la información. Asimismo, la declaración no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Estado ni de las instituciones democráticas. (ABI)

La vigencia inicial de esta medida puede extenderse hasta por 90 días y cualquier prórroga deberá contar con autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, una vez emitido el decreto, el Ejecutivo debe remitirlo al Legislativo para su consideración y aprobación dentro de los plazos establecidos por la ley. (EL DEBER)

Especialistas destacan que el Estado de Excepción está concebido como un recurso extraordinario para afrontar crisis graves cuando las facultades ordinarias del Estado resultan insuficientes, manteniendo siempre el respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía.