Gobierno cambiará tres artículos de la Ley de Emergencia Sanitaria y firmará convenio con el Colegio Médico

El Gobierno nacional oficializó este lunes que introducirá cambios a tres artículos de la Ley de Emergencia Sanitaria y que se firmará, este lunes por la tarde, un convenio para avalar ese acuerdo con el Colegio Médico de Bolivia, con la finalidad de evitar futuras medidas de presión.

Jeyson Auza, ministro de Salud, explicó desde Chuquisaca los alcances del diálogo que existió hasta esta madrugada con los diferentes sectores sanitarios y que evitó el paro que debía comenzar este lunes y hubiera afectado severamente la atención en medio del rebrote del Covid-19.

“Hoy queremos dar esta buena noticia, ha triunfado el diálogo, no ha podido imponerse la intransigencia y debemos felicitar la voluntad de todas las instancias involucradas en este conflicto para encontrar una solución a este conflicto”, afirmó Auza desde la capital del Estado.

La norma fue aprobada sin modificaciones por la Cámara de Diputados y ahora debe ser considerada por el Senado, y contempla una serie de acciones para enfrentar el alto número de contagios en el país en la segunda ola de la enfermedad.

La conferencia:

“El Ministerio de Salud en calidad de proponente se compromete a incluir cambios en los artículos 17, 19 y 28, por lo tanto, las medidas de presión ingresan en cuarto intermedio hasta que este compromiso sea suscrito de manera formal”, acotó Auza sobre las protestas que debían iniciar hoy.

Los aspectos cuestionados por los profesionales de salud son el control de precios en las clínicas privadas por servicios como internación, consultas externas o intervenciones, establecido en el artículo 17; la prohibición de huelgas, paros, marchas y otro tipo de reuniones mientras dure el periodo de emergencia, del artículo 19; y la contratación de recursos humanos extranjeros, del artículo 28.

Sin embargo, otros sectores también rechazan el proyecto, tal el caso de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), que considera que atenta contra la Ley de Autonomías, por ser una norma ordinaria que no fue aprobada por dos tercios.

El Deber